miércoles, 1 de julio de 2020

UN ASESINATO POR SEMANA



Un asesinato machista cada semana, durante dieciséis años, hasta las mil mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. La cifra, que retruena como un martillo en la mente de cualquier persona decente que la lea, se desprende de un informe que acaba de hacer público el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) El estudio parte del inicio de la contabilidad de los asesinatos por violencia de género, en enero de 2003, y se detiene en el crimen número 1000. Una cifra redonda y terrorífica, un millar de mujeres que vieron truncada su vida solo por ser mujeres. Mujeres que tenían un nombre, una historia. Diana Yanet Vargas inauguró el listado en enero de 2003. Antes hubo muchas, muchísmas otras, a lo largo de los años, de los siglos. Pero nadie lo tuvo en cuenta, porque se consideraba como algo intrínseco al amor. Lo llamaban crimen pasional. Ana Lucía da Silva Sepulchro fue la víctima número mil. Tras ella, tras el hombre que la asesinó - un malagueño que años atrás ya había asesinado a su primera mujer- muchos otros que también usaron la brutalidad contra la que consideraban una más de sus posesiones. Todo ello, sin detrimento de las tragedias colaterales o directamente relacionadas con la violencia de género: los niños y niñas asesinados y que no entran en el estudio porque solo se empezaron a contabilizar a partir de 2013 y los que las mujeres asesinadas dejaron huérfanos y que ascienden en el informe hasta 765 menores.


Mientras escribo este artículo, en la radio las noticias se hacen eco de dos agresiones machistas. Una de ellas, en Andalucía, un asesinato acaecido en febrero pero que solo ahora se revela como crimen machista. Y en Murcia, otra mujer, agredida y secuestrada durante una semana por su ex marido, se libra alertando por el móvil a una familiar de lo que podría haber sido un desenlace fatal para ella y probablemente para sus hijos, porque la amenaza existió. Tal y como advertían personas expertas en violencia de género, como Miguel Lorente, el desconfinamiento y la "nueva normalidad" afloran nuevos y cruentos casos y ponen en peligro a muchas mujeres a las que, durante los últimos meses, sus maltratadores han tenido bajo su control. 

Todo esto relatado así, puesto negro sobre blanco, sobrecoge. Encoge el alma porque no son cifras, son mujeres asesinadas a razón de una por semana, un sanguinario goteo de muerte incomprensible. Son menores que crecen en un ambiente de violencia, algunos la reproducirán en el futuro si no ponemos remedio, como víctimas o como victimarios. Y otras miles que sufren violencia de todo tipo, ejercida por hombres, parejas o no, a lo largo y ancho de España, y en ocasiones a lo largo de toda su vida, aún sin llegar a denunciarla. Sin embargo, a la vez que sucede todo este desastre que atenta contra los pilares de nuestra sociedad e incluso de nuestra democracia, una fuerza con representación parlamentaria se permite cuestionar la propia existencia de estos hechos. 

La ultraderecha agrede con su actitud, con sus propuestas y con sus mentiras a todas las mujeres, alienta a los maltratadores y debilita a las víctimas. Y, con ella, sus vecinos de escaño, el otrora pretendido partido de Estado, alternativa de gobierno y firmante del Pacto contra la Violencia de Género en 2017, el Partido Popular. Hace escasos días, tras el triple asesinato machista en Úbeda de una mujer y sus dos hijos, el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, se refería sin pudor a lo acontecido como "crimen familiar" y lo calificaba de "suceso". El lenguaje determina nuestra percepción de la realidad y, si no se ajusta a ella, nuestra percepción de lo que sucede se distorsiona y hay aspectos que se invisibilizan. Eso es lo que hace VOX con la violencia de género cuando la niega, cuando la llama violencia intrafamiliar o violencia doméstica, que son cosas distintas.  Y miente. Miente y lo sabe cuando acusa a las mujeres de interponer denuncias falsas como quien va a la peluquería. Miente cuando las acusa de asesinar y maltratar a sus parejas y a sus hijos a la par que lo hacen contra ellas. Miente cuando asegura que hay que derogar la Ley Integral contra la Violencia de Género porque discrimina a los hombres y les causa indefensión. Miente cuando advierte que los asesinos son casi siempre de origen extranjero. Las estadísticas oficiales, informes como el del CGPJ, la hemeroteca y hasta sentencias del Tribunal Constitucional prueban lo contrario. 

Hacerle el juego a la ultraderecha, a la vez que recortas en recursos destinados a la lucha contra la violencia de género, como hace el PP en Andalucía, es poner a las mujeres que están en peligro por violencia de género a los pies de los caballos. La lucha contra la violencia de género necesita con urgencia volver al consenso del Pacto de Estado. Precisa, para avanzar con éxito, del compromiso de toda la sociedad. También del ejercicio responsable de todos los medios de comunicación. Con el asesinato de Úbeda hemos tenido que asistir, de nuevo, al lamentable espectáculo de la justificación y redención mediática, a la par que social, del maltratador alegando a una supuesta "buena paternidad", aunque asesinara a sus hijos, o a "transtorno mental". Hemos visto, como casi siempre, cómo algunos medios se dedican a buscar esas justificaciones amarillistas y nada profesionales en el entorno del asesino. 

En una época convulsa y líquida, como diría Zygmunt Bauman, nuestro compromiso para erradicar la violencia machista tiene que ser, como sociedad, como instituciones y como representantes políticos, asentado y firme. Cualquier otro posicionamiento atenta contra los derechos humanos de las mujeres y no es democrático.   

Artículo publicado en Tribuna Feminista el 22 de junio de 2020

lunes, 20 de abril de 2020

LA VIOLENCIA DE GÉNERO TAMBIÉN LA PARAMOS UNIDAS


La mayoría de la ciudadanía de este país y parte de la del resto del mundo está confinada entre cuatro paredes. Nuestro espacio vital se ha reducido, en algunos casos más que en otros porque, también en pandemia, los recursos económicos se traducen generalmente en más o menos metros cuadrados habitables y más o menos confort en nuestros hogares. Muchas personas pasamos ese confinamiento con nuestras familias. Otras, sobre todo la población de más edad, pasan esta reclusión en soledad. 

Las tecnologías de la información y las redes sociales que han proliferado gracias a esas tecnologías nos ayudan a sortear el aislamiento. Pero, posibilidades económicas y tecnológicas aparte, hay una segmento de la sociedad que lo está pasando especialmente mal: las mujeres que viven en su día a día el infierno de la violencia de género y a las que ahora les toca convivir más que nunca con sus maltratadores. Incluso en los casos en que se trate de parejas controladoras con las que no conviven, las redes, aplicaciones de mensajería y de videoconferencias pueden convertirse estos días en un medio más de acoso y maltrato psicológico. Las cifras, aún provisionales, del mes de marzo, corroboran los temores de un incremento de casos. El teléfono de atención 016 recibió el mes pasado un 12'43% más de llamadas en los quince primeros días de confinamiento, respecto al mismo período del año anterior y las consultas online se incrementaron en un 269'57%. Entre los días 14 y 29 de marzo, hubo un 18'21% más de llamadas que en los mismos días del mes anterior, y un 286'3% más de consultas online. 

El problema sigue existiendo porque el machismo es un virus persistente que se adapta a las nuevas coyunturas. Tras las paredes que nos protegen hay mujeres que están ahora permanentemente vigiladas. Por eso es tan importante que el entorno de las posibles víctimas, familiares y amigos pero también el vecindario, esté muy atento estos días y denuncie por ellas cuando sea necesario.

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017 proponía en sus más de doscientas medidas diversas herramientas, legales, jurídicas pero también sociales. El Gobierno, reforzando algunas de esas medidas, así como lo establecido en la Ley Integral de 2004, y adaptando la atención a las víctimas  a las necesidades especiales derivadas de la declaración del estado de alarma, ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes. Antes, durante los primeros días de confinamiento, impulsó ya un Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19 que incluía una guía específica. 

Entre las medidas que contemplan estas actuaciones gubernamentales, está la declaración como servicios esenciales de todos aquellos relacionados con la asistencia integral a las mujeres víctimas, así como la garantía de prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico, el teléfono 016 y los de emergencias, si bien por vía telemática, durante las veinticuatro horas del día. Además, se ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención psicólógica por mensajería instantánea, con dos líneas de atención. Igualmente, se garantiza la normalidad del servicio telefónico de atención y protección, ATENPRO, y continúan funcionando los servicios de seguimiento por medios telemáticos, en cumplimeinto de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.

En estos momentos de crisis sanitaria y social, todas las administraciones deben velar, más que nunca si cabe, por el bienestar de la ciudadanía. Aquellas más próximas, como los ayuntamientos o las comunidades autónomas, podrán disponer de los remanentes del Pacto de Estado ya transferidos para asistir a las mujeres que sufren malos tratos.  Las administraciones públicas, además, deben adaptar los servicios que prestan a las especiales circunstancias. Es por eso que los servicios de acogida no solo continúan a disposición de las víctimas de violencia de género sino que a los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados se añaden - cuando en los recursos ordinarios no haya disponibilidad de plazas- alojamientos turísticos. Y no únicamente para las mujeres víctimas de violencia de género sino también para las que lo son de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. 

El Gobierno no ha dejado nunca solas a las mujeres que sufren violencia machista y no lo va a hacer tampoco ahora. Aunque haya partidos del arco parlamentario, situados a la extrema derecha, que pidan la derogación de las leyes y medidas que la combaten. Ellas, esas mujeres, forman parte del colectivo de personas más vulnerables que sufren de manera especial ante una crisis, sea esta del tipo que sea, y la ocasionada por la pandemia no es una excepción. El combate contra la violencia de género, para erradicarla de nuestra sociedad, es y seguirá siendo una prioridad.


Artículo publicado en El Plural el 2 de abril de 2020



martes, 24 de marzo de 2020


VIOLENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA



La crisis del coronavirus nos ha situado ante el espejo como sociedad. Son muchos los aspectos de nuestra manera de organizarnos que se están poniendo en cuestión. Estamos en parón y en estado shock colectivo. Nuestras rutinas diarias se han trastocado. No somos libres de salir a la calle cuando queramos. Es más, debemos permanecer en encierro domiciliario y transitar únicamente con motivo justificado. Muchas personas dejan de trabajar temporalmente o tele trabajan desde casa. Entre ellos ¿cuántos maltratadores habrá? ¿cuántas víctimas de violencia de género? Para ellas, la convivencia prolongada con su pareja aumenta preocupantemente el riesgo.

Los medios de comunicación únicamente hablan de un tema, la pandemia vírica. La última hora de la alerta sanitaria manda. Parece como si el resto de problemas hubieran quedado aparcados. Nada más lejos de la realidad. Ellas, las víctimas de violencia de género, continúan sufriendo. Y tienen que saber que continúa habiendo alguien al otro lado. Necesitan saber que, pese a que el mundo parece girar en torno a un virus desconocido al que hay que combatir, no se cierran los servicios a los que pueden acudir en busca de ayuda. Siguen disponibles servicios como el teléfono 016, donde se ha implantado el teletrabajo, las fuerzas de seguridad o los juzgados de violencia sobre la mujer. Estos últimos continúan realizando guardias y asegurando el dictado de órdenes de protección, así como cualquier medida cautelar en materia de violencia contra las mujeres y menores. Así lo establecen las nuevas directrices del Ministerio de Justicia para la prestación de servicios esenciales en juzgados y tribunales durante la vigencia del estado de alarma para la contención del COVID19.

Tardaremos más o tardaremos menos pero venceremos, unidos y unidas por supuesto, al coronavirus. Pero la violencia de género continuará, el virus del machismo letal seguirá atacando a nuestra sociedad a menos que unamos fuerzas como lo estamos haciendo contra esta terrible pandemia que nos amenaza y que se expande. Por eso decidimos hace ya más de dos años que estábamos ante una cuestión de Estado. Y, como tal, la abordamos desde los poderes públicos.

Hemos tardado muy poco en armarnos política y socialmente contra el coronavirus. Tenía que ser así para evitar que se propague descontroladamente. Una vez lo superemos, nos tendremos que sentar a reflexionar sobre los peligros que nos acechan en un mundo globalizado e interconectado, deberemos intentar que no se repita la pandemia.
Bastante más nos costó alcanzar consensos políticos sobre la amenaza real de la violencia de género, y no porque las cifras de su contagio y mortalidad fuesen precisamente insignificantes. Aunque el PP de Casado vaya ahora presumiendo de haber aprobado el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género bajo la presidencia de Rajoy, es sobradamente conocido que sólo se sentó a negociarlo en 2017, cuando ya habían perdido la mayoría absoluta, nunca antes, a pesar de que el PSOE lo pedía, haciéndose eco de las demandas del movimiento feminista, desde 2014.

Son indudablemente días aciagos, estos que estamos viviendo. Días en los que nos replanteamos muchas cosas, tanto desde el punto de vista personal como social. Le damos vueltas a todo porque esta situación nos ha otorgado algo que escasea en nuestro mundo desenfrenado: tiempo libre de algunas obligaciones y menos prisas. Puede ser una ocasión de oro para replantearnos también si queremos seguir siendo una sociedad en la que no pase semana, a veces ni siquiera un día, sin que tengamos que lamentar un nuevo asesinato. Una sociedad en la que las violencias sexuales proliferan y en la que, al amparo de la ley no escrita que ensalza la mercantilización del cuerpo de las mujeres, bajo el pretexto del mito de la libre elección, se asume como lícitos entretenimientos, también durante el confinamiento, la pornografía y la prostitución.

Probablemente haya llegado la hora de que digamos que ya no más violencias machistas. Y que nos lo creamos de veras y lo pongamos en práctica. Evidentemente no es suficiente con asumir que tenemos un gran problema, tendremos que comprometernos individual y colectivamente, tal y como estamos haciendo con el COVID19.

En estos días de reclusión doméstica, el Estado de Derecho no se paraliza, no desaparece por arte de magia, a pesar de que a los individuos se nos recomiende desaparecer de las calles. Sigue atento a las necesidades de asistencia y protección de las mujeres y menores que sufren todo tipo de violencias machistas. Pero, cada una de las personas que estamos en casa confinadas para frenar la pandemia, tenemos que estar también atentas a nuestro entorno para denunciar estas situaciones. En el último informe anual del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, hecho público esta semana, su presidenta. Ángeles Carmona, reclama “mayor implicación de familiares y entornos cercanos a la hora de denunciar y no consentir situaciones de malos tratos”. Esa implicación ayuda a ganar terreno, dice Carmona, para combatir la violencia de género y contribuye a que la víctima deje de sentirse sola y desamparada.

Nos lo debemos como sociedad pero, sobre todo, se lo debemos a ellas. Unidas y unidos venceremos al virus y también al machismo.



Artículo publicado en Tribuna Feminista el 18 de marzo de 2020




martes, 17 de marzo de 2020

MACHISMO EN LOS ESCAÑOS


El machismo ultraderechista anda suelto por los escaños del Congreso y el Senado y se muestra irreverente, ajeno a la cortesía parlamentaria que antaño era moneda común en las dos cámaras. Llaman "presidentes" a las presidentas Meritxell Batet y Pilar Llop, en una patética escenificación de desafío rancio de macho bravío.  El “zasca” de la presidenta de la Cámara Alta contestando a un parlamentario de Vox con un rotundo "gracias, señora senadora" aún resuena, días más tarde, en las paredes del Senado. Pero en estos tiempos de impactos en redes, las praxis maleducadas y zafias se contagian a la velocidad del rayo, de manera que en la Cámara Baja fue un diputado de Ciudadanos quien le dio a escoger a Batet entre el tratamiento de "Presidenta o Presidente". 

Insisten esas ínclitas señorías ultraderechistas en el negacionismo de la violencia de género. Y lo hacen sin sonrojarse, pese a que en un mismo día, como lamentablemente ha ocurrido de manera reciente, dos hombres asesinen a sus parejas por el hecho de ser mujeres y por considerarlas carentes de derechos, de libertad, de respeto y de capacidad de decisión, como reza en su exposición de motivos la vigente Ley  de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Si alguien cree que no hay ninguna relación entre el repunte de la violencia machista y los exabruptos misóginos de algunos políticos, debe tener claro que lo único que estos consiguen es alentar a los hombres que son violentos y debilitar a las mujeres que están sufriendo maltrato. Ya es bastante duro para una víctima de violencia de género decidirse a denunciar, superar el miedo, los sentimientos de culpa, la vergüenza y las dudas sobre si las creerán o no como para, encima, escuchar a algunos de los representantes de la ciudadanía cuestionar la propia existencia de la pesadilla que están viviendo. 

El reconocimiento de una violencia específica contra las mujeres, que trasciende el ámbito privado y que se manifiesta como expresión más brutal de la desigualdad existente en la sociedad entre mujeres y hombres, se produjo con la aprobación de la ley integral en 2004. Trece años más tarde, superada la mayoría absoluta del Partido Popular, el Congreso alcanzó un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Esos consensos no pueden ni deben romperse. Está en juego la vida de demasiadas mujeres. 

Estamos ante la expresión política de una nueva cara del machismo, que siempre es suficientemente hábil como para adaptarse a los tiempos, para sobrevivir a los avances, por otra parte irrefrenables, del feminismo. Sus fuentes son la falsedad y la manipulación de datos. Apelan a las denuncias falsas aunque esté reiterada y estadísticamente probado que son sumamente anecdóticas. Pretenden defender al violento presentando a su víctima como verdugo. Y hablan de violencia doméstica con el ánimo de confundir, a sabiendas de que se refiere a un fenómeno sin el componente de género que ya tiene otro marco normativo con el que se castiga a las personas que agreden dentro del ámbito familiar.

Mientras esto ocurre, la sociedad se rebela y se organiza, en movimientos que se hacen globales, contra las agresiones machistas, exigiendo igualdad real para las mujeres, denunciando y señalando a los machistas violentos. El 8 de marzo y el 25 de noviembre, días señalados en el calendario, dan notoriedad al grito de “Basta ya” que suena todo el año, cada vez más alto y decidido. Existen organizaciones de hombres que dan un paso adelante para mostrar su rechazo a los violentos, porque la mayoría no lo son. Solo hace falta que esa mayoría haga evidente su contrariedad, como lo hacen las mujeres.

Movimientos como el "MeToo" han hecho caer como castillos de naipes el prestigio de personalidades públicas cuya verdadera cara ha quedado al descubierto. Así, Plácido Domingo ha terminado pidiendo perdón a las víctimas de sus reiterados acosos sexuales a lo largo y ancho del orbe y del tiempo. Y se ha declarado culpable en un juicio al productor Harvey Weinstein. Mujeres valientes denunciado a sus acosadores, a sus violadores, y otras muchas, y muchos, les han creído. El Ministerio de Cultura ha anunciado la cancelación de recitales del tenor español que reconoció su responsabilidad en las acusaciones de acoso sexual lanzadas contra él, actitud que contrasta con la de personajes públicos y políticos incrédulos hasta hace nada ante las denuncias de las mujeres acosadas.

Tenemos la responsabilidad política y social de responder como es debido a lo que puede y debe ser el último coletazo del machismo resistente. Debemos hacerlo con seriedad, legislando para proteger más y mejor a las víctimas y combatiendo los discursos que las ningunean y que alientan a los maltratadores. Callar no es una opción. 


viernes, 3 de enero de 2020

ANA ORANTES SOMOS TODAS



Se acaban de cumplir veintidós años del brutal asesinato de Ana Orantes. El 17 de diciembre de 1997, su marido, del que quería divorciarse, le propinó una paliza, la dejó inconsciente, la ató a una silla, la roció con gasolina y la quemó viva en el patio de su casa, en presencia de uno de sus hijos, de 14 años. Atrás quedaban cuarenta años de malos tratos. Ana había dicho basta al decidir divorciarse. Pero hizo más, mucho más. Ana salvó a muchas otras mujeres. Y a muchísimas más las sacó del anonimato. Lo hizo al cometer la valentía de dar la cara en una televisión, en los tiempos en los que las cuotas de pantalla no estaban tan fragmentadas como ahora, así que la vio muchísima gente. Allí, en Canal Sur, contó ante media España lo que había sufrido. Ana dijo: "Estoy enterrada en vida y sólo quiero llorar". Aquello le costó la vida, pero ya nada fue igual. No quiso ser una heroína pero terminó siéndolo porque sacó del ámbito privado, del silencio y del anonimato algo que estaba pasando y que continúa ocurriendo. Fue desde ese momento cuando España entera empezó a darse cuenta de que existía la violencia hacia las mujeres y que era algo de lo que teníamos que tomar todos conciencia y parte. Y fue a raíz de ese cambio - y de las protestas que el brutal y mediático asesinato generó en las calles, lideradas por el movimiento feminista -, cuando empezaron de manera incipiente las políticas públicas para hacer frente a este problema de violencia arraigado en el machismo. 

Lo que venía siendo un suceso en las páginas de los rotativos, pasó a ser algo más, con trascendencia social y política. En 2001 el diario El País empezó a contabilizar asesinatos machistas y dos años después arrancaron las estadísticas oficiales que en este 2019 han sobrepasado ya con holgura el millar de mujeres asesinadas. Dos décadas después de Ana Orantes, la granadina sigue presente en las reivindicaciones feministas y muy especialmente en las que tienen que ver con todo tipo de violencias ejercidas contra las mujeres. Continuamos necesitando "Anas" para avanzar. El Me Too arranca a partir de las denuncias de unas mujeres que señalan a hombres conocidos e importantes como sus agresores. Las manifestaciones contra la proliferación de las violaciones en grupo se desencadenan tras los hechos y la sentencia de Pamplona. Las performances que, bajo el cántico de "Un violador en tu camino" se reproducen a lo largo y ancho del orbe, incluso en países donde escasea la democracia, se han viralizado en un mundo globalizado en el que la imagen y lo simbólico, lo son todo. 

Son, todas estas, formas de expresión del hartazgo de la mitad del mundo frente a la imposición del patriarcado y especialmente por la expresión violenta del machismo. Las mujeres decimos ¡Basta!, igual que hace dos décadas lo dijo Ana Orantes. A la vez, nos cruzamos con defensas públicas y mediáticas de violadores condenados que resultan del todo incomprensibles, como en el caso de "la Arandina". La reacción patriarcal no se hace esperar, el privilegio se resiste a torcer el brazo. Los hay que se envalentonan tanto que amenazan  en público a una árbitra de dieciséis años con violarla y partirle la cara a la salida del recintoTodo ello, al auspicio de proclamas políticas retrógradas de la ultraderecha representada en las instituciones y sustentadora de gobiernos de derechas. 

La resistencia machista adopta diversas formas, algunas muy sutiles, que resultan más complicadas de detectar y combatir que las más explícitas y bravuconas. Ocurre cuando nos quieren hacer creer que nos pisan la cabeza por nuestro bien. Lo hacen, por ejemplo, cuando quieren sindicar a las mujeres prostituidas porque así "harán valer sus derechos", mientras los que lo defienden continúan aprovechándose de su vulnerabilidad. O cuando nos cuentan que las medias jornadas contribuyen a que llevemos mejor la doble responsabilidad que luego se nos viene encima por la falta de corresponsabilidad, para que podamos tener criaturas y cuidarlas, obviando que esa y otras precariedades laborales hacen mella en nuestros bolsillos en forma de brecha salarial y de pensiones. Tampoco va a colar que sin cuotas para acceder a puestos de dirección demostraremos por méritos propios que merecemos llegar a esas responsabilidades, porque estamos sobradamente preparadas, con mayoría femenina en muchas universidades, y la fotografía masculinizada en casi todos los ámbitos continúa siendo vergonzante. 

De  la misma manera que cuarenta años de golpes no callaron a Ana, ni las resistencias ni las milongas patriarcales nos harán callar. El machismo se transforma y se adapta a las nuevas exigencias sociales y políticas, sin dejar de lado su cara más oscura. Juega a varias bandas y ataca por diversos frentes. Mientras tanto, el espíritu de esa mujer que dio un paso adelante en nombre de todas hace veintidós años, sigue muy presente en la lucha por la igualdad, que cada día suma alianzas. Ana Orantes somos todas.


Artículo publicado en Tribuna Feminista

sábado, 9 de noviembre de 2019

VIOLENCIA DE GÉNERO: EXISTE Y SE COMBATE



Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es, sin duda alguna, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Resulta intolerable, a la par que insufrible, la cifra de la vergüenza, que además no cesa de incrementarse. No es un problema exclusivo de España, desde luego, pero no por ello es menos grave. ¿O es que nos resignamos a las muertes por accidente de tráfico porque ocurran en todos los países? ¿Acaso normalizamos los asesinatos terroristas porque acontezcan en diferentes lugares del orbe? Y, es más, ¿denostamos la legislación que pretende prevenir, evitar o combatir esas muertes y asesinatos porque, a pesar de todo, sigan ocurriendo? Rotundamente no, a nadie se le ocurriría y, si lo verbalizara, se le tacharía de insensato.

España ha estado, y está, a la vanguardia de las políticas de igualdad. Entre ellas, las encaminadas a la lucha contra las violencias machistas. La ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó un hito y significó un antes y un después en la percepción social y política de la violencia de género. Dejó de ser un problema del ámbito privado para ser abordado desde las políticas públicas. Tuvo que transcurrir más de una década y años de gobierno del PP en los que la ley no se dotó ni desarrolló, para que el parlamento español aprobara, en septiembre de 2017, el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Y aún nueve largos meses, hasta que se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, para que ese pacto se comenzara a implementar. Quince meses después de ese momento, de los cuales sólo diez de Gobierno socialista en plenas funciones, el Pacto de Estado está en marcha. Su desarrollo legislativo se trabajó en el Congreso de los Diputados a principios de este año y estaría plenamente vigente si en marzo no se hubieran disuelto las Cortes por la negativa de las derechas y las fuerzas independentistas a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que además incluían un incremento de la dotación para los ayuntamientos en este concepto. 

La primera ley que se tramitó en el parlamento siendo Pedro Sánchez presidente fue la que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial para formar a la judicatura y la magistratura en materias específicas de igualdad. Y un Real Decreto-Ley amplió y facilitó, a partir del verano de 2018, la acreditación de la condición de víctima, permitió compatibilizar las ayudas provenientes de diferentes ámbitos de la administración y que los menores ya no precisen el consentimiento paterno, esto es, del maltratador, para recibir la asistencia psicológica que necesitan precisamente por su culpa. La devolución a los ayuntamientos de las competencias en estas materias, que no tenían desde la promulgación de la LRSAL, ha sido otra de las medidas legislativas hecha realidad y desde prácticamente todos los ministerios se han asumido cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas y otros aspectos

Más allá de legislar, este combate sin cuartel necesita del compromiso de toda la sociedad. En cuanto a las políticas públicas, no es únicamente tarea del Gobierno de España. El propio Pacto de Estado contempla medidas que son competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, así como varias que competen al Poder Judicial y a otras instancias. Los medios de comunicación y la industria del audiovisual no pueden tampoco sustraerse a su cuota de responsabilidad, en tanto en cuanto agentes socializadores y transmisores de valores, a la par que de estereotipos. Y, si algo es innegable, es que sin una buena educación afectivo sexual no conseguiremos erradicar las violencias machistas, tampoco las sexuales.

Existen multitud de medidas en el acuerdo que se suscribió hace algo más de dos años en el Congreso que vinculan a la sociedad en general y a determinados sectores en particular. Y es muy importante, diría que fundamental, que cada uno asuma su cuota de responsabilidad. No es de recibo que un gobierno como el de la Generalitat de Catalunya perciba los fondos transferidos desde el Gobierno central y no dé cumplida cuenta en sede parlamentaria de a qué destina ese dinero, que es finalista. No se puede justificar de ninguna de las maneras que se resista a desplegar por el territorio catalán las Unidades de Valoración Integral Forense - de carácter pluridisciplinar y destinadas a asistir al juez en la decisión sobre medidas de protección de víctimas y menores- cuando es algo que contemplaba la ley de 2004 y que, según mandato del Pacto de Estado, deberían estar ya desplegadas por todo el territorio español. Precisamente en Catalunya están muchos de los partidos judiciales donde menos órdenes de protección se dictan. La desidia del Govern en todos los terrenos alcanza también a éste, por lo que no es de extrañar que apenas destine recursos propios, más allá de la dotación trasferida por el Gobierno, para la lucha contra la violencia de género. 

El nivel de implementación, a fecha de hoy, de un Pacto que está previsto que se desarrolle a lo largo de cinco años, es óptimo. Su dotación presupuestaria es la que se acordó y que el Partido Popular intentó escamotear en primera instancia en sus presupuestos. Sólo a través de una enmienda presentada por la oposición se consiguió incorporar. Y sería aún mayor si se hubieran podido aprobar los presupuestos de 2019. Yerran el tiro, pues, quienes señalan con dedo acusador al partido que arrastró a la derecha a ese acuerdo. Todas las administraciones deben comprometerse y cumplir con lo acordado. Dos años después de su aprobación, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha conseguido reafirmar lo que, ya en su día, logró la ley de 2004: colocar en la agenda política y en la conciencia social este problema. Y nadie, por mucho empeño que ponga, conseguirá revertir ese efecto. Ahí está el movimiento feminista para impedirlo. La lucha continúa.

Artículo publicado el 17 de octubre de 2019 en Tribuna Feminista

jueves, 10 de octubre de 2019

ALERTA VIOLETA: PELIGRO DE INVOLUCIÓN



No acaparó ni portadas ni apenas tiempo en informativos de radio y televisión, pero miles de personas nos manifestamos por las calles de las principales ciudades españolas el pasado viernes atendiendo a la llamada de Emergencia Feminista. Teñimos plazas y edificios de violeta en señal de duelo y de protesta. Lo hicimos porque nos están matando. Y porque las víctimas lo son por ser mujeres. Porque el machismo muestra con insistencia y rabia su cara más criminal. Y porque persisten las expresiones, políticas y sociales, que niegan la evidencia: que se trata de violencia de género.

Las cifras se disparan coincidiendo con la proliferación de voces empoderadas de millones de mujeres contra el patriarcado y su plasmación en lo que se ha dado en llamar cuarta ola del feminismo: Me Too, 8M... Una reacción airada del machismo, apalancada en la cultura patriarcal, que nos trae también de manera cada vez más habitual violaciones en grupo y todo tipo de agresiones sexuales catalogadas erróneamente como abusos. Todo ello amenizado por la orquesta y coro de la derecha política, mediática y social que niega la propia existencia de la violencia de género como tal.

Hace unos días, la fiscal Susana Gisbert alertaba en un acertado artículo sobre el riesgo de involución que todo esto supone. España es y ha sido pionera en legislación por la igualdad y contra la violencia de género. Lo ha sido siempre de la mano de gobiernos socialistas. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como el Pacto de Estado aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017 son fruto del compromiso del PSOE con una lucha que sigue necesitando de una actuación gubernamental y legislativa sin fisuras. Ese combate sin cuartel no puede permitirse ni debilidades ni veleidades. Tampoco espectáculos bochornosos como el que protagonizaron el alcalde Almeida, del PP, y el portavoz municipal de Vox, socios en el gobierno de la capital. Un insulto a las víctimas y a sus familiares ocurrido, para más obscenidad, en la concentración por una de las seis víctimas mortales que hubo la semana pasada, en el propio Madrid.

Pretenden devolver un problema que es social, el de la violencia de género, al ámbito privado, que es al que estaba relegada la violencia machista antes de la ley de 2004. Quieren que se considere estos crímenes como asesinatos comunes, sin más connotación que cualquier otro y así poder asegurar que se trata de enajenados mentales que cometen "crímenes pasionales". Pobrecitos, ellos, les dejan sus mujeres, o no se someten a sus dictados y por eso no tienen más remedio que matarlas. Ni más ni menos, eso es lo que subyace en el discurso de Vox que el resto de las derechas, PP y Ciudadanos, compran sin reparo desde el mismo momento en que pactan con ellos gobiernos municipales y autonómicos y en el instante en que, como ya están haciendo, ceden a sus postulados recortando partidas presupuestarias para igualdad, confundiendo violencia de género con violencia intrafamiliar o facilitando listados con nombres y datos de profesionales dedicados a la lucha contra la violencia de género. Eso se llama complicidad.

Con más de mil víctimas mortales contabilizadas desde 2003, muchas más de las que se cobró el terrorismo etarra en toda su existencia, es evidente que esta lucha no ha terminado. Necesitamos cuanto antes un gobierno fuerte para afianzarla e impedir cualquier retroceso. Tengámoslo muy presente el 10N.

Artículo publicado en La Hora Digital